CERRATO INSOLITO
SEMANA SANTA TRÁGICA EN ENCINAS DE ESGUEVA
Hasta que un Real Decreto de 7 de marzo de 1977 no despenalizaron los juegos de azar y apuestas, solo estaban permitidos la Lotería Nacional, el Cupón de la ONCE y las Quinielas de fútbol. Sin embargo en Semana Santa las autoridades hacían la vista gorda y reinaba la tolerancia, por lo que en todos los pueblos era tradición (que aún se mantiene) jugar a las chapas o al bote con los arquilleros de almendras.
Así venía ocurriendo desde siempre. Sin embargo la Semana Santa de 1951 en Encinas de Esgueva sería diferente. Se encontraban los vecinos jugando al bote, despreocupados sabiendo que siempre había sido tolerado, cuando llegó la pareja de la Guardia Civil y el cabo comenzó a pegar brutalmente a los reunidos con una vara extensible, alegando la prohibición vigente.
Nadie se explicaba la razón, aunque hubo quien apuntó que el cabo pretendía requisar la cartera a los almendreros para quedársela y resarcirse de la cuantiosa pérdida sufrida días antes jugando al julepe en otra localidad. No en vano el almendrero, natural de Castrillo de Don Juan, tenía la costumbre de poner su cartera encima de la mesa para demostrar que disponía de dinero para responder a las apuestas de la gente. Junto a él estaba otro compañero, al que llamaban “Marujo”, que al iniciarse los incidentes guardó dicha cartera para que no la cogiera el cabo de la Guardia Civil, y este solo pudo coger la calderilla que había encima de la mesa para la apuesta en curso.
En Encinas la Semana Santa es fiesta mayor, al igual que San Roque, por lo que había mucha gente. Dada la voz de alarma por la represión desatada (había ya varios heridos), se presentó el alcalde, Florentino Molinos Picado. Este llamó a los somatenes y dieron la orden de subir todos al Ayuntamiento. Se levantó acta de lo ocurrido y se la dieron a firmar al cabo, que tras firmarla se arrepintió por miedo a ser expulsado de la Guardia Civil; se puso nervioso y amenazó con salir a la calle y comenzar a disparar si veía a grupos de más de dos personas. La situación derivó en un enfrentamiento en el interior de la Casa Consistorial y el cabo hizo ademán de disparar su fusil. El alcalde y el guarda jurado sacaron instintivamente sus armas, se escuchó un disparo y el cabo, Modesto Cid Novoa, cayó muerto, con un disparo en el pecho.
El número de la Guardia Civil que acompañaba al cabo no reaccionó. Solo se le oyó decir “ya me habéis quitado el pan de mis hijos”, imaginando que sería sancionado por no defender a su superior.
Tras conocerse la noticia, llegó a Encinas una tropa de la Guardia Civil con intención de arrasar el pueblo en venganza, teniendo que intervenir el Gobernador, Villalobos, dando orden tajante al Teniente Coronel de que los detenidos llegaran vivos a Valladolid, e incluso viajó con ellos hasta la capital porque no se fiaba y temía que los mataran por el camino.
Todo apunta a que el disparo partió del arma del guarda jurado, ya que la pistola del alcalde se encasquilló y no se disparó. El secretario del Ayuntamiento pretendió, sin éxito, atribuir el disparo a un somatén. Finalmente el alcalde se autoinculpó, consciente de que si era juzgado y condenado a muerte lo más probable era que le conmutaran la pena, dada su calidad de alcalde de Falange, mientras que si el condenado fuese otro la probabilidad de ser ejecutado era mucho más alta.
Hubo juicio por la jurisdicción militar contra cuatro acusados, presentes en el Ayuntamiento el día de autos, a los que defendió el abogado Álvarez Taladriz, quien tuvo una actuación espléndida, ganándole la partida argumental a la acusación. Sin embargo, temiendo que no iba a servir para nada, Álvarez Taladriz interpretó una escena en la sala: encendió un mechero y dio con él una vuelta a la sala, ante lo que el presidente del Tribunal Militar, Vicente de la Fuente Valente, le preguntó “¿qué está haciendo usted?” y él respondió “estoy mirando a ver si encuentro un poco de justicia, que al parecer por aquí no la hay”. El presidente del Tribunal reaccionó decidiendo encarcelar al abogado, lo que motivó la primera huelga de abogados en todo el Estado.
Y los temores del abogado se cumplieron: a pesar de su gran actuación rebatiendo las acusaciones, las presiones de la Guardia Civil (un cuerpo con mucho poder) y del ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, “aconsejando” a los acusados cambiar de abogado, lograron apartar a Álvarez Taladriz y su sustitución por un abogado del turno de oficio, allanando así el camino para la sentencia deseada: pena de muerte para el alcalde y 14 años de reclusión para el resto de acusados.
Y también como estaba previsto, a Florentino Molinos le fue conmutada esa pena de muerte por 30 años de prisión, de los que cumplió 14 y gozó de régimen abierto, dado su estatus político, pudiendo acudir incluso al funeral de su padre, aunque con vigilancia secreta. El resto de condenados cumplieron 7 años de prisión.
Este caso, de gran trascendencia ya que se solicitó incluso la intervención del Ministerio de Justicia, sirvió para dirimir una pugna de poder entre la Falange, ya en decadencia, y por otro lado la Guardia Civil y el Ejército con poder creciente, de forma que cargos públicos que apoyaron al alcalde fueron trasladados de Valladolid y que a raíz del suceso Encinas sufrió represalias en forma de multas por cualquier circunstancia por parte de la Guardia Civil, hasta que con el tiempo se fue olvidando.